Ejercicio de los derechos de migrantes mexicanos irregulares en el contexto de la desigualdad territorial

Miguel Ángel Corona Jiménez[1]

Mar Estrada Jiménez[2]

René Valdiviezo Sandoval[3]

Resumen:

La migración de mexicanos hacia los Estados Unidos (EE.UU.) tiene historia y ha sido motivada principalmente por la gran desigualdad económica territorial entre México y el país del Norte. El diferencial salarial, las oportunidades de empleo y el sueño americano han sido los principales catalizadores para la salida de una gran cantidad de migrantes, que en los últimos años han sido más visibilizados por las millonarias remesas que remiten a sus familias en los lugares de origen. Sin embargo, poco se sabe de los Derechos Humanos (DDHH) y laborales de los migrantes que viajan y se establecen de manera irregular, así como de sus derechos políticos. A partir de un modelo del ciclo de la migración, que  la partida, el cruce de la frontera, su integración y permanencia en el país de destino y el retorno, se identifican y contrastan los derechos humanos de estas personas y su ejercicio en los dos países, considerando para ello los estudios y análisis que sobre esas etapas del ciclo dan cuenta las evidencias complementándose con testimonios de migrantes. Con base en ellos se concluye que existen necesidades de los migrantes casi no reveladas, relacionadas con la ausencia de condiciones estructurales e institucionales, tanto en México como en los EE.UU., para poder ejercer sus derechos, lo que demanda una mayor participación política desde ambos lados de la frontera. Con la misma intención, la concepción del territorio debe ser ampliada e integrada a todas las tierras habitadas en una sola área de Norteamérica, sin barreras, para que los flujos de población contribuyan a disminuir las desigualdades existentes. Si para los EE.UU. la migración no autorizada es el medio para regular parte de su mercado laboral, el Estado mexicano debe exigir mejor trato para los migrantes irregulares aprovechando la conformación de un nuevo orden económico mundial que ya está en marcha.

Palabras clave: migración irregular, derechos humanos, territorio, México-Estados Unidos.

Cuando una persona no encuentra oportunidades de progreso en su lugar de origen por diversas causas recurre a buscar otros lugares para obtenerlas. En el caso de la migración de México a los Estados Unidos (EE.UU.), la historia de la migración se remonta a finales del siglo XIX, cuando el país del Norte estaba desarrollando varias industrias estratégicas —entre ellas la del ferrocarril— en donde los trabajadores mexicanos aportaron su fuerza de trabajo (Durand y Massey, 2003). Sin embargo, ese flujo migratorio no ha sido constante desde entonces, ha sido intermitente y principalmente relacionado con los ciclos económicos en los dos países. Cabe destacar en esta línea que en la migración han existido factores de atracción desde el país del Norte, como las necesidades de fuerza de trabajo, el diferencial salarial y construcciones sociales como el sueño americano, en tanto que entre los factores de expulsión presentes en México resalta la falta de empleos bien remunerados, que ha obligado a la gran mayoría de los migrantes a abandonar sus lugares de origen. (Corona y Ortíz, 2019). En pocas palabras:  la desigualdad entre territorios lleva a la migración.

Se estima que hasta el año 2021 había 11.9 millones de migrantes mexicanos en los EE.UU., de ellos 5.6 millones eran no documentados y cerca de 39 millones de 1ª, 2ª y 3ª, generación de migrantes. En conjunto esta población envió en 2022 más de 58 497 millones de dólares (mdd), recursos que han estado remitiendo a sus familias en México y que han ayudado a la economía regional y nacional en los momentos álgidos de la pandemia por COVID 19 y en la recuperación (BBV, 2023). Pero atrás de todo ello hay riesgos y costos que visibilizar pues, como personas y no sólo como mano de obra, los migrantes requieren de atención social y de la posibilidad de ejercer plenamente sus Derechos Humanos (DDHH) y laborales.

En este texto se hace un análisis de los DDHH más relacionados con los que tienen los migrantes mexicanos que salen a los EEUU en condiciones de irregularidad, así como de los derechos laborales que hacen operativos los primeros. En tanto el fin último de los DDHH es garantizar una vida digna, ésta se materializa en gran parte con un empleo bien remunerado y con condiciones laborales propicias para el pleno desarrollo del trabajador (CNDH, 2023), una situación que no puede tener menoscabo por las condiciones estructurales e institucionales que condicionan el ciclo de la migración. En esta perspectiva, el ejercicio de los DDHH y laborales es considerado en este trabajo como un conjunto de necesidades no reveladas, que se analizan a partir de un modelo del ciclo de la migración que considera dos países, dos territorios, cuyo planteamiento sirve de base para identificar qué derechos se ejercen y cuáles no, así como los obstáculos que limitan su ejercicio, todo ello para presentar alternativas de solución considerando los espacios territoriales.

A manera de nota metodológica cabe ahora señalar que es muy importante visualizar que tanto la migración como los DDHH están influidos por múltiples factores, donde resalta el económico por ser el más evidente, pero estamos hablando de circunstancias complejas en los territorios que metodológicamente nos obligan a reconocerlos y estudiarlos interdisciplinariamente y con un enfoque de sistemas (López y García, 2015). Migración y DDHH son fenómenos que se encuentran en un sistema compuesto por subsistemas territoriales jerarquizados, bajo relaciones de interdependencias y subordinación, que marcan diferencias y desigualdades territoriales. En esta perspectiva estudiamos la migración de mexicanos hacia los EEUU en su modalidad irregular y desde la perspectiva de los DDHH y laborales en los últimos años, planteando un modelo y preguntando ¿qué necesidades tienen los migrantes mexicanos más allá de la de buscar mayores ingresos? Para aproximarse a esta respuesta se hizo una revisión de literatura para cada etapa del ciclo de la migración irregular propuesto, que se complementó con trabajo de campo consistente en 14 entrevistas a migrantes con estancia en los EEUU y otros ya retornados. Las primeras se realizaron por dos vías, telefónicas y por videoconferencia, antes y durante la pandemia; las segundas se realizaron telefónicamente y de forma presencial, antes, durante y después de la pandemia, todas entre 2017 y 2023. Se trató de personas de ambos sexos, en situación de pareja poco más de la mitad, con edades entre 26 y 61 años, sólo uno sin ocupación en México después de la migración. Las entrevistas versaron sobre las etapas del ciclo de la migración y fueron posibles por recomendación en Nueva York y New Jersey, en donde las personas mostraron mayor apertura. También se entrevistó por recomendación en Puebla, pero se notó mayor hermetismo en las respuestas. En algunos casos se observó desagrado al recordar ciertos pasajes de su experiencia sobre todo en la pasada y llegada a los EEUU, pero se llenaban de regocijo cuando hablaban de sus logros principalmente económicos. Toda una experiencia humana. Los análisis e interpretaciones correspondieron a los autores.

1.     Los Derechos Humanos relacionados con la migración

            Los DDHH están fundados en el respeto a la dignidad de las personas (CNDH, 2023a). A partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, se ha construido un andamiaje jurídico para reconocer y protegerlos, así como instituciones en el orden internacional y nacional para promoverlos. Las Naciones Unidas con sus organismos especializados han promovido la firma de acuerdos y ratificaciones por los gobiernos de los países para velar por su vigencia y ejercicio. Los DDHH abarcan casi todos los aspectos de la vida de las personas, entre ellos identifiquemos los más relacionados con la migración, a saber: la libertad de tránsito y residencia, la ciudadanía, la educación, la salud, la vivienda, la alimentación, a un ambiente sano, al trabajo, la seguridad social de las personas adultos mayores.

Con respeto a los migrantes laborales, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha celebrado convenios, ratificados por los Estados miembros, donde se han establecido requisitos mínimos de vigencia de los derechos del trabajo en el orden individual y colectivo. En el primero están: la libertad de trabajo, la prohibición de la discriminación en el trabajo, la fijación de jornadas laborales máximas, la garantía de un salario mínimo justo y otros; en cuanto a los de tipo colectivo encontramos: la libertad de asociación y de libre sindicación, la protección a los representantes sindicales en su gestión gremial, la negociación colectiva y el derecho de huelga (Quintana, 2017, pp. 128-129).

En el caso de la migración hacia los EE.UU., se esperaría que el derecho al trabajo con todas sus vertientes y el de libertad se cumplieran a cabalidad, sin embargo, la condición migratoria los limita e incluso los elimina. Al parecer, este factor subyace en la falta de inclusión de los inmigrantes en los EE.UU., así como en la negación a una reforma migratoria y a firmar acuerdos laborales equitativos con México y otros países, y convierte el tema de la migración en un recurso de presión política en los períodos electorales de aquel país (Camacho, 2013).

2.     Modelo de migración irregular, el reflejo de la desigualdad territorial entre México y los EE.UU.

En una perspectiva ideal y territorial, los migrantes salen, llegan al país de destino, trabajan y con su salario internacional pueden superar los niveles de consumo de subsistencia, tanto de ellos como de sus familias que reciben las remesas e, incluso, superando esos umbrales pueden ahorrar, mejorar su vivienda, preparar mejor a los hijos con la educación, acceder a servicios de salud privados, y en etapas superiores generar un patrimonio —construyendo, comprando tierras e invirtiendo en proyectos productivos— que les dará mayor seguridad en el futuro, porque incluso podrán planear su retorno y reinserción económica en mejores condiciones (Corona, 2020). Sin embargo, ¿qué pasa en la realidad?

En la óptica de los DDHH, toda persona tiene derecho a una vida digna a través del trabajo que le permita vivir con bienestar. En México muchas no lo pueden ejercer plenamente, el hecho de emigrar a otro lugar tiene fuertes costos y vulnerabilidad de derechos (Bustamante, 2002) dependiendo de las condiciones en que la realice. En el cuadro 1, se analiza el ciclo de la migración irregular utilizando un modelo que considera primero las etapas de la migración, enseguida se presenta la situación hipotética, que se planteó en el primer párrafo de este apartado, para continuar con la situación real que se construyó con base en los trabajos de investigación que como se señaló arriba se han realizado en diferentes temporalidades y que se complementó con los testimonios de los migrantes entrevistados. Posteriormente se enuncian los DDHH y laborales relacionados con la migración para concluir con una evaluación sobre el ejercicio de dichos derechos.

El modelo en aplicación nos muestra que, durante su movilidad en el territorio, cruce por la frontera e internación en el país de destino, el migrante puede estar sujeto a dos condiciones esenciales: a. si es una migración regular, los riesgos son menores porque incluso podrá hacerlo por vía aérea, terrestre y marina, con pasaporte y visa. b. si es una migración irregular, las circunstancias son muy diferentes, de alto riesgo y muy costosas.  Los costos comienzan por la contratación del “pollero” o “coyote” [4], cuyo precio depende de las condiciones de la “pasada” (OMS, 2008; Hidalgo, García, Flores et al., 2008).  No se trata pues de una migración segura, ordenada y regular, tal como se busca con el Pacto Mundial para la Migración (ONU, 2018), que es un acuerdo intergubernamental auspiciado por las Naciones Unidas para gestionar las migraciones.

En clave de DDHH, en esta condición se vulnera el derecho a la seguridad en los momentos de la movilidad internacional, el derecho a no ser discriminado, ya que el precio marca la diferencia en las circunstancias de la pasada, que a su vez recae en una situación de desigualdad económica y de información, ya que pocos pueden pagar precios altos y tener acceso a esas redes de tráfico de personas. Es importante mencionar que el costo de la pasada es financiado generalmente por familiares que después recibirán sus reembolsos. En este proceso, la familia elige al miembro más apto por su condición física y mental (healthy immigrant effect) (Sander, 2007; Conapo, 2008, p. 39), porque se trata de “aguantar” las situaciones y obstáculos en el camino y en el lugar de destino.

En la sociedad de destino el migrante va a trabajar, generalmente llega con familiares o conocidos, quienes inicialmente lo integrarán al mercado laboral. Aceptará trabajos de baja paga al comienzo y después irá subiendo en la jerarquía laboral si cuenta con información, contactos y capital humano que se lo permita —por ejemplo, su escolaridad y entendimiento y habla del inglés— (Durand, 2004). En estas situaciones, están en juego los derechos a la vivienda, todos los relacionados con la situación laboral y la no discriminación.

En ese proceso de integración el migrante irregular estará expuesto a ritmos de vida, alimentación, idioma, valores sociales y culturas diferentes (Demireva, 2017; Fonseca, Lukosch y Brazier, 2018), que ejercerán presiones, además de las laborales y económicas —como la de pagar manutención y enviar remesas a la familia—. En su condición de irregular este migrante tendrá que trabajar duro, comer lo que encuentre al paso, no tendrá tiempo para hacer ejercicio o si sale a hacerlo, deberá cuidarse para no ser detenido o asaltado; los fines de semana tendrá que lavar ropa, hacer compras y divertirse con sus compañeros, generalmente ingiriendo bebidas alcohólicas, por mencionar la vida rutinaria de quien trabaja para enviar remesas (Corona, 2020). Todo lo cual puede ir mermando lentamente su salud física y mental (Conapo, 2015). Si se enferma estará muy limitado para tener atención médica, por lo regular recurre a la automedicación y remedios caseros (Nigenda, et al., 2009). Así se pueden pasar años, sin duda, pero el principal activo con que cuenta el migrante que es su salud se puede ir desgastando (Milenio, 2015; Conapo, 2014; Yankelevich, 2011); sin seguro, pueden aumentar las enfermedades y el costo de su atención (Leite y Castañeda 2008; Wallace y Castañeda, 2008). En estas situaciones, los derechos humanos en cuestionamiento son el de la salud y el de la libertad y, en el caso de ser detenido, también el derecho a ser tratado con el debido proceso y sin discriminación.  

Si el migrante retorna a su país de origen de manera voluntaria o forzada las condiciones para su reintegración dependerán de los recursos que haya enviado y/o de los ahorros que traiga consigo. Enfrentará un proceso de reintegración económica, otro social en su comunidad y, quizá el más difícil si se ausentó por mucho tiempo, el de la reintegración familiar (Corona, 2018). Volverá a tener los mismos derechos de ciudadano pero no tendrá garantizado el derecho a una vida digna a través del derecho al trabajo, a menos que hayan mejorado las condiciones económicas en su lugar de origen.

En esta perspectiva, gran parte de los migrantes mexicanos que se han ido tienen en el imaginario regresar a México. En su deseo de mejorar las condiciones de sus familiares, de sus comunidades y de su país, crece en algunos de ellos el interés de participar en la vida política del país, tanto votando, como de representar a sus comunidades (Hoyo, 2015). Este interés también está en los que retornan que ya han alcanzado un cierto grado de reintegración económica y social. Como puede deducirse de estos comportamientos, ya hay migrantes buscando y encontrando causes que van más allá de sus necesidades económicas, esto es, que están viendo en la participación política una alternativa para ser visibles como agentes de cambio, que a su vez representa el ejercicio de otros derechos de orden político. En el siguiente apartado se hace un esbozo de los retos y alcances que han tenido los avances institucionales y de los migrantes mexicanos para el ejercicio de sus DDHH relacionados con la participación política.  

3.     Viabilidad política

Concentrémonos ahora en dos derechos políticos fundamentales que contribuyen a consolidar otros derechos humanos (Franco, 2016, p 60):  el derecho a votar (voto activo) y el derecho a ser votado (voto pasivo). En el caso de los migrantes, el voto de los mexicanos en el exterior data de la elección presidencial del 2006, para gobernador del 2007 en Michoacán, después siguió el Distrito Federal D.F., y Chiapas con el “diputado migrante” en 2012, para 2015 se extendió a Baja California Sur y Colima, para posteriormente poder ejercerse en Aguascalientes, Oaxaca y Zacatecas en 2016 (Espinoza, 2016, p. 9). Para 2023, la mayoría de las entidades ya tenían regulado este derecho político.

En 2014 se incluyeron modificaciones para votar, agregando a la vía postal, la entrega de la boleta en embajadas y consulados y el voto por Internet. Atendiendo una demanda de las organizaciones de migrantes, se autorizó al Instituto Nacional Electoral INE la emisión de credenciales a través de representaciones en el exterior. En la misma dirección se atendió el derecho a la doble nacionalidad de acuerdo con la Ley de Nacionalidad de 1996 (Espinoza, 2016, p. 14). Como resultado, en las elecciones federales y locales de 2021, la votación fue baja (Espinoza, 2021), por lo que se puede deducir que el andamiaje institucional ha avanzado para proteger el derecho a votar, pero que falta aún un gran trecho para ejercerlo.

Para el ejercicio del derecho a ser votado, se incluyó en la legislación federal la figura de “diputado migrante” para ciudadanos migrantes. En las últimas elecciones de diputados federales (2021), fueron elegidos once diputados migrantes, iniciando con ellos la presencia política de esta figura (Cámara de Diputados, 2022). En el ámbito subnacional se ha avanzado muy poco en esta materia. Sólo cinco entidades tienen esta figura: Zacatecas (desde 2003), Ciudad de México, Oaxaca, Chiapas y Guerrero.  Se sabe que al menos seis entidades más están trabajando en el establecimiento de este derecho político (Mondragón, 2023).

Si se considera que los derechos políticos de los mexicanos en el extranjero incluyen el voto activo —ya establecido— y el voto pasivo —muy limitado aún y que podría deberse también en parte a una discriminación velada por el temor a las influencias externas que podrían traer y promover (Hoyo, 2015)–, se concluye que los migrantes no tienen completos sus derechos políticos en México.

En los EE.UU. la situación es diferente, teniendo la ciudadanía los migrantes mexicanos pueden ejercer sus derechos políticos y han ido ganando posiciones. Pero aún más, para los migrantes irregulares ya existen lugares como Washington D.C. y otras ciudades en donde pueden votar los no ciudadanos y hasta los indocumentados, lo cual ha enfrentado la oposición republicana, pero que en los hechos representa la posibilidad para los migrantes irregulares de ser tomados en cuenta. Este es un gran reto que enfrentará muchos obstáculos institucionales como es el visibilizarse, organizarse, disponer de tiempo y recursos para ello, eestar informados, correr el riesgo de ser presa de políticos manipuladores y de los partidos, entre otros (Roth, 2023). Visto en perspectiva, representa una alternativa para ejercer derechos políticos pero de manera muy limitada en el mejor de los casos.

Conclusiones

Las necesidades no reveladas de los migrantes irregulares mexicanos hacia los EE.UU. están relacionadas con sus derechos humanos, en especial el derecho esencial referente a una vida digna a través del trabajo, los cuales no se ejercen o no plenamente desde México. En los EE.UU. los derechos reconocidos son los civiles y políticos, aunque existe el derecho al trabajo, está condicionado a las reglas del país del Norte, por lo que sin permiso para trabajar, la sanción y deportación están latentes en un escenario de desigualdad y de fragmentación de los territorios.

Por la gran aportación que hacen a la economía con su fuerza de trabajo, en la producción y en el servicio a los de allá, no representan una carga ni un riesgo para la sociedad estadounidense. No obstante, con la aplicación de leyes regulatorias relacionadas con el derecho laboral y de regulación migratoria, se impide el reconocimiento de la contribución de los migrantes (IOM, 2020, p. 179). Una alternativa que puede abrir la puerta al reconocimiento de derechos y su ejercicio es el de la participación política territorial, esto es tanto en EE.UU. como en México.

En la misma perspectiva, al ser una problemática tan compleja, las soluciones deben ir más allá de lo jurídico, ir más a soluciones integrales y sistémicas, envueltas en una Cultura de Paz (Adams, 2014). Concluyendo también que para el ejercicio de los DDHH y laborales, el territorio humano debe ser ampliado integrando a todas las tierras habitadas, sin barreras, para que los flujos de población contribuyan a disminuir las desigualdades existentes. En esta perspectiva, considerando que para los EE.UU. la migración no autorizada es el medio para regular una parte de su mercado laboral, que ayuda a muchas familias a mejorar su bienestar con el aseo de la casa y el cuidado de los niños, y que no es una carga sino que contribuye a la productividad de la economía de esa nación, el Estado mexicano está obligado a exigir mejor trato para los migrantes irregulares. Esta exigencia debe ir más allá de la cooperación internacional, mediante acuerdos equitativos entre iguales, que contemplaran el otorgamiento de permisos con plazo finito para los migrantes irregulares en EE.UU., con la intención de que al final del período retornen a México y con la posibilidad de regresar por un período más; también podría contemplarse el otorgamiento de una mayor cantidad de visas de trabajo sin el candado del empleador único, con el objetivo de mejorar la paga y las condiciones laborales de los migrantes temporales. A nivel internacional existen otros precedentes como es el caso de España que, en el interés de fomentar el retorno de migrantes a sus países de origen, ha ejecutado programas para planear junto con los gobiernos de esos paíse, retornos de migrantes para facilitarles su reintegración económica y social (Parella y Petroff, 2014). Lo planteado puede ser posible, porque los EE.UU. necesitan mucho de México en la conformación de un nuevo orden económico mundial que ya está en marcha y en el cual su liderazgo mundial está en entredicho.

Por su parte, la comunidad migrante tiene el reto de aumentar su participación política en ambos países, en el país del Norte para generar consensos y presionar a los legisladores para tratar a México como par; en México para generar consensos y exigir posturas dignas y firmes para impulsar esa negociación, que en los hechos representaría disminuir las barreras y la desigualdad entre los territorios, más allá de los acuerdos comerciales. Lo anterior implica la solidaridad de la sociedad mexicana en su conjunto para reconocer el valioso papel de los migrantes.

Referencias

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[1] Profesor e investigador de la Universidad Iberoamericana Puebla, departamento de Ciencias Sociales. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores; autor del libro “Para entender la economía mexicana”. Es Contador Público y Economista, Maestro en Desarrollo Regional, Doctor en Administración de Organizaciones (UNAM). Estancias de investigación en The City University of New York, estudiando “La economía de los migrantes mexicanos en Nueva York”; y en L´Université du Quebec, estudiando “La Evaluación de la aceptación social para la instalación de parques de energía eólica en México”. Temas de investigación y publicaciones relacionadas con la migración, las remesas, el desarrollo regional sustentable, la economía familiar, y la formación de pensamiento y acción estratégica en el campo de la Administración. Premio de Investigación FIMPES 2014: Tema “Hacia políticas públicas de desarrollo regional para el cambio climático, en contextos de marginación y de emigración internacional. El caso de Puebla 2010 - 2020”.  Correo de contacto: miguelangel.corona@iberopuebla.mx. ORCID 0000-0002-6650-491X

[2] Candidata a Doctora en Geografía por la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM. Colaboradora en el Observatorio de Salarios de la IBERO Puebla desde 2011. Participó en la Red de Pobreza, Niveles de Vida y Desigualdad de CONACYT; en el grupo interinstitucional de investigación de Migración circuito Puebla–Nueva York. Actualmente es Coordinadora de la Licenciatura de Economía y Finanzas de la Universidad Iberoamericana Puebla y Responsable Académica y Técnica del proyecto de investigación “Segregación socioterritorial: un análisis desde los procesos que profundizan la pobreza” de la misma universidad, financiado por el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla CONCYTEP. Correo de contacto: marestradaj@yahoo.es. ORCID: 0000-0002-4236-369X

[3] Doctor en Ciencias Sociales y Políticas.  Ha coordinado 14 libros y dos individuales, y 50 artículos y capítulos en temas político-electorales. Fue director-fundador del ICGDE de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Coordina sesiones sobre “Elecciones en América Latina”, en la ISA, y en los 34° a 45° Congresos de Americanística. Fue fundador y presidente de la SOMEE. Coordina el G-I: Elecciones en los Estados. Pertenece al SNI-I. Última publicación: (2023), México 2018: la elección presidencial en los estados.  INE. Correo de contacto: valdiviezo.rene@gmail.com

[4] Es la persona que se encarga de llevar y “pasar” al migrante a los EE.UU. de manera irregular, evadiendo los controles de migración y cobrando un precio por sus servicios. Existen algunas versiones sobre estas personas: la del pollero que es querido en la comunidad porque ha ayudado a pasar a los familiares, e incluso en los últimos años hasta financia la “pasada”; la del pollero que se dedica por oficio en la frontera “ayudando a pasar”; y la del pollero que pasa a las personas sin compromiso de entrega, que puede abusar de los migrantes, abandonarlos e incluso venderlos, generalmente operan en la frontera y están relacionados o pertenecen a redes de tráfico de personas.

 [A1]Por favor utilizar el adjunto para la diagramación