Editorial
La realidad no da tregua. En los últimos años hemos atestiguado la profundización de una crisis multidimensional de enormes proporciones que ha recrudecido la violencia estructural hacia las mayorías empobrecidas, víctimas de la desigualdad económica, del cambio climático, de la falta de acceso a servicios; en fin, impedidos de gozar de sus derechos.
Hoy, cuando la pandemia parece reactivarse con la aparición de nuevas y más contagiosas variantes, a contrapelo de la más elemental prudencia, el modelo de desarrollo económico hegemónico insiste en reforzar pautas de producción y consumo que aceleran el cambio climático y la devastación ambiental. Asimismo, la desigualdad económica se acentúa incansablemente ante la insuficiencia de medidas estatales de redistribución de la riqueza; mientras, formas cada vez más crueles de violencia abruman la vida cotidiana de las sociedades latinoamericanas.
A pesar de algunas iniciativas locales e internacionales, en términos generales prevalece una falta de voluntad política para emprender acciones de las dimensiones necesarias para contrarrestar los efectos de un modelo civilizatorio que no cesa de depredar nuestra Casa Común y de vulnerar las poblaciones periféricas y marginadas, ante la evidente inoperancia de las instancias estatales para hacer frente a una crisis de dimensiones planetarias.
En México, la autodenominada 4T, portadora de retóricas altamente populares y elevadas expectativas, hoy por hoy se ha revelado como un gobierno de nuevas narrativas, pero que ha perpetuado prácticas que no abonan en dirección de la anunciada, y muy deseada, transformación de la vida pública del país. Así, entre claroscuros, el presente sexenio continúa un derrotero cada vez más difuso, ensombrecido por la polarización de la opinión pública y una institucionalidad incapaz de remediar un sistema de justicia fracturado y un tejido social roto.
En un país de víctimas, las respuestas más potentes a la actual crisis de seguridad no parecen provenir de las instancias gubernamentales sino de las propias víctimas: madres en búsqueda de sus familiares; de los pueblos y comunidades en defensa de su territorio; de las colectivas feministas; en suma, de la sociedad civil organizada al lado de las comunidades vulneradas y en pie de protesta, que demanda el cumplimiento de los más elementales estándares de libertad, justicia y dignidad exigibles a un régimen democrático.
Frente a tal escenario desafiante, la comunidad académica está llamada a cumplir su misión de cargar y encargarse de la realidad desde las tareas implícitas en la formación socioprofesional y la generación de conocimiento; en un contexto, además, enmarañado y complejizado por la sobreinformación y la profundización de la crisis de las grandes narrativas.
Con todo y las enormes dificultades que hoy entraña, es fundamental que las universidades y sus comunidades académicas encaremos los retos que la realidad nos pone enfrente como un privilegio que nos es conferido por la sociedad, y que se traduce en una responsabilidad histórica por la defensa de la dignidad.
Al menos así es como entendemos nuestro deber las universidades jesuitas. “La tarea propiamente universitaria es un campo privilegiado para la promoción de la justicia”, señala el Promotio Iustitae, documento que el Secretariado para la Justicia Social y la Ecología de la Compañía de Jesús ha dirigido a nuestras universidades. Ciertamente, la realidad actual, compleja y en crisis, necesita de instituciones académicas que asuman activamente el papel histórico que se nos propone al servicio de la justicia, la inclusión y la sostenibilidad. La transformación de estructuras inoperantes, rebasadas y reproductoras de injusticia requiere de análisis rigurosos, críticos e interdisciplinarios que permitan articular claves que posibiliten la comprensión cabal del contexto y el diseño de rutas pertinentes para la construcción de presentes y futuros dignos.
Por ello, nunca sobra insistir con Ignacio Ellacuría que la realidad debe ser la principal asignatura de la universidad; una asignatura que ha de estudiarse desde la perspectiva de los descartados y orientados por la justicia y la inclusión, horizontes axiológicos que clarifican el rumbo del quehacer universitario. Sólo a partir de este paradigma, las universidades confiadas a la Compañía de Jesús encuentran el fundamento desde el cual se conduce la realización de una praxis académica y universitaria cabalmente entendida como servicio de la sociedad.
Es a este contexto y a esta apremiante tarea de encargarse de la realidad a lo que responde la revista Incidencias. Fruto del trabajo colaborativo y de la suma de diversas voces de la comunidad universitaria, esta publicación es un espacio de investigación, análisis y reflexión, gestionado por el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana Puebla, que, junto con integrantes de la comunidad estudiantil y del cuerpo académico, ofrece los resultados de diversos procesos de reflexión e investigación orientados a la comprensión crítica de problemáticas regionales desde las Ciencias Sociales.
Escrita desde perspectivas provenientes de diferentes áreas de especialización, esta revista tiene como propuesta última coadyuvar, desde las ventajas y limitaciones de la labor académica, a la construcción colectiva de horizontes teóricos y analíticos esperanzadores de frente a las problemáticas que aquejan nuestro contexto local. Así, su título, Incidencias, funciona a la vez como principio y como horizonte, pues parte de investigaciones arraigadas en la realidad pero con la mira puesta en su transformación; confiando que los textos estimulen al lector a reconocer y abrazar su capacidad de agencia y colaboración en beneficio de la sociedad.
En el número de lanzamiento, se presentan seis trabajos de investigación construidos alrededor de problemáticas puntuales de nuestro contexto cercano. La crisis económica y sanitaria actual narrada desde el feminismo decolonial; la situación de grave vulnerabilidad de las personas migrantes en su paso por México ante la pandemia de la COVID-19; nuevos elementos de análisis en torno a la categoría de Revolución desde una mirada latinoamericana contemporánea; la deconstrucción de la categoría de sororidad a partir de la experiencia de una empresa indígena de economía social y solidaria en la Sierra Norte de Puebla; y la urgencia de introducir nuevos elementos jurídicos en la práctica contractual mexicana tras las lecciones que ha dejado la pandemia en el ámbito del derecho privado; esos son los temas que se proponen al lector en esta edición.
La apuesta de cada trabajo y de este primer número en su conjunto es motivar reflexiones y diálogos sustanciosos que ayuden a reconfigurar y actualizar el entendimiento de la coyuntura presente, mayormente atravesada por la injusticia y la exclusión, para promover tanto la generación de nexos heurísticos, como el establecimiento de vínculos de solidaridad que faciliten la colaboración frente a un mundo herido. Es así que nace este espacio valioso para reivindicar el propósito de una comunidad universitaria de acreditar cabalmente su pertinencia social.
La realidad no deja de moverse y nos demanda un continuo esfuerzo colectivo para cargar y encargarnos de ella. Especialmente, frente a la agudización de la crisis estructural de nuestra sociedad y ante el rebasamiento de las instituciones del Estado, se requiere de la movilización desde distintos frentes para lograr poner en el centro a las víctimas y colocar la justicia, la verdad y la dignidad como una de las prioridades de la agenda pública. Por ello, hago votos para que Incidencias se abra paso como una mediación legítima y útil para construir esperanza desde el quehacer universitario y así acreditar a nuestra Universidad como una buena noticia para nuestra sociedad, especialmente en estos tiempos de incertidumbre.
Mario Ernesto Patrón Sánchez
Rector